La Caja de Previsión Social salió a celebrar una resolución judicial que le permite recuperar los aportes que los municipios retienen de los salarios de sus empleados pero no transfieren. La medida cautelar que había frenado este proceso fue dejada sin efecto, confirmando que la obligación rige desde 1985. Paola Carrillo, vocal del organismo, enfatizó que es un avance para que se cumpla la ley: "Es un gran logro porque es una forma de empezar a cumplir una legislación que está vigente desde hace casi 40 años".

Según explicó Carrillo, los municipios forman parte del sistema previsional provincial y deben transferir mensualmente los aportes personales y contribuciones patronales que descuentan de los empleados. Cuando esos fondos no llegan, es el Tesoro Provincial quien debe cubrir el faltante para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones cada mes. Esto genera un efecto dominó: menos recursos para Salud, Educación e Infraestructura. La funcionaria fue clara: "Nadie está por encima de la ley. Todos deben cumplir con las obligaciones vigentes".

El reclamo no es nuevo. Hace más de veinte años que la Caja enfrenta esta situación, pero hace un año y medio decidió retomar el proceso de cobro mediante intimaciones mensuales. Río Gallegos fue la única que presentó medida cautelar para frenar el reclamo, que ahora quedó sin efecto. Carrillo subrayó que se trata de plata descontada a trabajadores que figura en sus recibos de sueldo, por lo que debe girase al organismo previsional tal como la ley establece desde hace décadas.