El máximo tribunal de la provincia dio luz verde para que el Ejecutivo retenga directamente los aportes de coparticipación municipal. Según explicó Pablo Pérez, presidente de la Caja de Previsión Social, se trata de aplicar una ley que ya existía pero estaba paralizada. 'Esto permite que la Caja, a través del Ministerio de Economía, pueda retener fondos de municipalidades que no transfieren debidamente los aportes', detalló el funcionario.

El problema viene de lejos. Pérez fue contundente: ninguno de los municipios aporta lo que debería aportar. Mientras que algunos cumplen con la contribución patronal, los aportes personales de trabajadores no ingresan o lo hacen de forma mínima. La deuda acumulada es millonaria. Las comisiones de fomento, en cambio, comenzaron a regularizarse desde mediados del año pasado.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó duramente la medida por considerarla hecha 'a escondidas'. Pero Pérez rechazó la confrontación y aclaró que se trata de una cuestión institucional de responsabilidad con los fondos que pertenecen a trabajadores y jubilados, no a arcas municipales. La CPS prepara además un informe actuarial para debatir una posible reforma previsional a futuro.